Los operadores urbanos públicos. Lecciones para el desarrollo de ciudades más inclusivas, justas y sostenibles
Compara cinco operadores urbanos públicos de Quito, Medellín, São Paulo, Bogotá y La Habana, y examina cómo gestionan suelo, renovación urbana y vivienda. Extrae lecciones sobre financiamiento, competencias y articulación con los gobiernos locales para el desarrollo de ciudades más inclusivas.
Affordable Condominium Housing. A comparative analysis of low-income homeownership in Colombia and Ecuador
Analiza por qué se deterioran los conjuntos de vivienda social entregados en copropiedad, comparando Quito y Bogotá con el marco de acción colectiva de Elinor Ostrom. Concluye que el mantenimiento depende del equilibrio entre lo que obliga la ley de propiedad horizontal y la capacidad de autoorganización vecinal.
Management of low-income condominiums in Bogotá and Quito. The balance between property law and self-organisation
A partir de una encuesta a 414 hogares de conjuntos de vivienda social en Quito y Bogotá, encuentra que la ley pesa menos que la confianza en la directiva y la asistencia a las asambleas. En Quito quienes asisten perciben mejor mantenimiento; en Bogotá ocurre lo contrario, porque asisten quienes están inconformes.
Derechos, ciudad y políticas públicas urbanas. Reflexiones del Foro Internacional Derechos y Ciudad
Reúne reflexiones sobre cómo traducir en políticas urbanas concretas los derechos reconocidos en la Constitución de 2008. Aborda la relación entre derechos humanos, gestión municipal y planificación del territorio, con casos, debates y recomendaciones dirigidas a gobiernos locales que buscan incorporar el enfoque de derechos en su gestión.
Instituciones de propiedad horizontal y política de vivienda de interés social. Comparando Bogotá y Quito
Sostiene que la vivienda social se entrega en copropiedad sin que nadie prepare a las familias para administrarla, y que el deterioro se concentra en las áreas comunes y no dentro de las viviendas. Calcula que el 45 por ciento del parque residencial formal de Quito y el 61 por ciento del de Bogotá están en régimen de condominio.
Transformaciones de los patrones de la vivienda rural y su impacto en el territorio. El caso de Ambato, Ecuador
Analiza cómo la expansión urbana de Ambato transformó los patrones de la vivienda rural. Las parroquias más alejadas conservaron la arquitectura tradicional y su tejido organizativo, mientras las cercanas se llenaron de conjuntos cerrados sobre suelo agrícola. Aporta evidencia sobre los efectos de la conversión de suelo rural.
Un método alternativo para medir el déficit habitacional. Censo Ecuador 2022. Libro metodológico
Propone medir el déficit habitacional más allá del estado de techo, paredes y piso, incorporando hogares allegados, hacinamiento y acceso a servicios. Con esa metodología el déficit cualitativo de 2022 llega a 3,2 millones de viviendas frente a 1,6 millones según el cálculo vigente, es decir casi el doble.
Cadena de valor de la vivienda en Ecuador. Estudio sectorial de vivienda
Recorre el marco jurídico, institucional y financiero de la vivienda en Ecuador. Sitúa el déficit habitacional en 46,2 por ciento, o sea 2,34 millones de viviendas, de las cuales el 68 por ciento corresponde a déficit cualitativo, y señala que los mayores déficits recaen en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad y población indígena.
Intervención estatal y vulneración de derechos de los socios de cooperativas de vivienda en procedimientos de liquidación obligatoria en Ecuador
Analiza la liquidación forzosa de cooperativas de vivienda ordenada por decreto en 2020. De 434 cooperativas con casi 57 mil socios se liquidaron 230, que agrupaban a 30 mil personas. Reconstruye la acción de protección ganada por una cooperativa de Riobamba, donde el juez declaró vulnerado el debido proceso.
La participación ciudadana como política sostenible en la vivienda social del Ecuador. Caso de estudio reasentamiento de Picoazá
Compara tres etapas de un mismo reasentamiento en Portoviejo. La etapa diseñada junto a las familias alcanzó 83 por ciento de participación y 71 por ciento de satisfacción; las decididas sin ellas, 37 y 32 por ciento. En la primera los vecinos gestionaron escuela y transporte; en las otras los espacios públicos nunca se construyeron.