El Contrato Social por la Vivienda nace como una alianza de organizaciones sociales y barriales, líderes comunitarios, academia y activistas comprometidos con avanzar el derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.
Defendemos la función social y ambiental del suelo y la vivienda como un derecho universal, frente a la mercantilización. Trabajamos por un hábitat justo, donde la vivienda y la ciudad sean bienes comunes y no privilegios. Acompañamos, apuntalamos, promovemos y nutrimos la lucha histórica por la vivienda y la ciudad en el Ecuador desde la participación, la investigación-acción y la incidencia política.
Dialogar, defender e incidir en la realización de los derechos humanos a vivienda, ciudad y hábitat, bajo los principios de democracia, solidaridad, inclusión, equidad, ética, justicia, respeto, transparencia, dignidad, interculturalidad, sustentabilidad y corresponsabilidad.
Somos un espacio de participación social, acción crítica, generación de propuestas e incidencia en políticas públicas sobre los derechos a vivienda, ciudad y hábitat.
Se conforma el núcleo fundador del CSV, integrado por organizaciones sociales, académicas y de cooperación vinculadas a la vivienda y el hábitat.
El CSV impulsa la restitución del bono de vivienda y promueve mejoras en el sistema de incentivos habitacionales.
El 8 de noviembre el CSV entrega la Demanda Ciudadana por el Derecho a la Vivienda, la Ciudad y el Hábitat a los asambleístas y a Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente.
El CSV presenta sus demandas en Montecristi y se moviliza por la incorporación del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat en la Constitución.
El CSV logra incorporar propuestas de política y estrategias sobre vivienda y hábitat en el Plan Nacional para el Buen Vivir, fortaleciendo su incidencia en la agenda pública.
El CSV participa en el Consejo Ciudadano Sectorial de Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda, aportando asesoría y propuestas para la formulación de políticas públicas.
El CSV participa en el debate sobre la Nueva Agenda Urbana y la LOOTUGS, fortaleciendo su articulación con redes regionales y globales por el derecho a la ciudad.
El CSV formula recomendaciones de política para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto.
El CSV incide en el proceso de construcción de la LOVIS, envíe observaciones y recomendaciones a la Asamblea.
El CSV participa en el HUB y mesas multisectoriales para la construcción de la Política Urbana Nacional (PUN).
El CSV participe en mesas de trabajo para la construcción de la Ordenanza, se envíe observaciones y recomendaciones a la Secretaría de Hábitat del D.M.Q. Esta incidencia continúa hasta el 2026
El CSV incide en el proceso legislativo con comparecencias de varios miembros. La LOVIS es aprobada en marzo de 2022.
El CSV retoma su agenda colectiva con la participación de doce actores, renovando su compromiso con el derecho a la vivienda y el hábitat.
Como parte de una metodología participativa de investigación-acción, el CSV levante un encuesta ciudadana sobre las condiciones y barreras al acceso a la vivienda.
El CSV impulsa la construcción y presentación de la Agenda Popular por el Derecho a la Vivienda, como propuesta colectiva para cambiar la política habitacional desde un marco de derechos.
Frente varias propuestas de reforma regresivas (LOOTUGS, COOTAD) y cambios institucionales (fusión del MIDUVI) que amenazan la política de vivienda y suelo a nivel nacional, el CSV se activa con pronunciamientos, incidencia en la asamblea y en territorio.
Este documento parte de un proceso colectivo de análisis y levantamiento de datos, con el objetivo de avanzar una visión para entender la situación de la vivienda en el país desde un marco de derechos y plantear unos primeros lineamientos para un cambio de paradigma en la política habitacional.
Se enfoca en identificar el impacto de la mercantilización de la vivienda en el país y otras formas de atender las necesidades desde un análisis que parte de los 7 elementos del derecho a la vivienda adecuada, resaltando las barreras que impactan desproporcionadamente a grupos históricamente marginados.
Este documento es la hoja de ruta hacia donde queremos encaminar la construcción de una agenda amplia y popular para avanzar y proteger el derecho a la vivienda en nuestro país.